Iberdrola celebra junta el viernes en un contexto de altos precios de energía

Iberdrola (BME:IBE) celebrará el próximo viernes en su sede social de la Torre Iberdrola, en Bilbao, su junta general de accionistas en un contexto marcado por los altos precios de la energía y con su presidente, Ignacio Sánchez Galán, como investigado en una de las piezas del caso del excomisario José Manuel Villarejo.

En la junta se someterán a votación las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2021, un año en que la eléctrica ganó 3.884,8 millones de euros, un 7,6 % más, gracias al crecimiento de Estados Unidos y Brasil, que compensó el negativo comportamiento del negocio de generación y clientes, afectado por los altos precios de la energía en España y Reino Unido.

Además, la junta reelegirá como consejeros independientes a la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, al antiguo embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE) Anthony L. Gardner y a la exdirectora general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia María Ángeles Alcalá Díaz.

La junta se celebra en un momento marcado por los altos precios que ha alcanzado la electricidad, y en el que el Gobierno ha conseguido que Bruselas le autorice poner un límite al gas en el mercado mayorista eléctrico durante un año para reducir los precios y que así los consumidores afectados por esta medida puedan obtener un ahorro en sus facturas de entre el 15 % y el 20 %.

Sánchez Galán nunca ha estado a favor de intervenciones en el mercado y lo que sí ha dicho es que la repercusión que tiene en España la subida de los precios mayoristas de la electricidad es diferente a otros países por el diseño de la tarifa regulada o PVPC, vinculada directamente a ese precio del mercado mayorista.

Precisamente, unas declaraciones suyas en Valencia en mayo, y por las que luego se disculpó, generaron polémica, al decir que el 80 % de los españoles está pagando menos por la electricidad que en 2018 porque han bajado los impuestos y que únicamente pagan más aquellos que siguen con la tarifa regulada, a los que calificó de “tontos”.

Por otro lado, Sánchez Galán continúa como investigado en la pieza del caso Tándem, en la que se investigan los encargos por parte de la compañía a empresas vinculadas al excomisario Villarejo, tras rechazar la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en mayo su recurso.

Esta causa abierta en la Audiencia Nacional trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

La “cuestión reputacional en España” (en alusión a las citadas investigaciones) fue uno de los motivos, entre otros, que esgrimió la Comisión Regulatoria de Nuevo México para no dar su visto bueno a la fusión de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, con la compañía estadounidenses PNM Resources.

Ambas compañías han recurrido esa decisión del regulador y esperan una sentencia positiva del Tribunal Supremo del estado de Nuevo México, por lo que han prorrogado el acuerdo de fusión hasta el 20 de abril de 2023, una operación con un valor empresarial de unos 8.300 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) y que daría lugar a una de las principales compañías eléctricas de Estados Unidos.

En la junta de accionistas de Iberdrola también se votarán dos aumentos de capital por un valor máximo de 1.880 millones de euros y de 1.350 millones, respectivamente, para atender el programa “Iberdrola Retribución Flexible”, que permite cobrar el dividendo en efectivo o en acciones de la compañía.

Además, se someterá a votación una reducción de capital mediante la amortización de un máximo de 197,56 millones de acciones propias, equivalentes a un 3,069 % del capital social, para evitar el efecto dilutivo de la emisión de acciones para pagar el dividendo flexible.

También se votarán modificaciones de varios artículos de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta para introducir el nuevo dividendo de involucración.

En la junta se propondrá el reparto de ese dividendo a los asistentes si se alcanza un determinado quórum de constitución.

Iberdrola abonará, en concreto, un dividendo extra de 0,005 euros (un euro bruto por cada 200 acciones) a todos sus accionistas con derecho a participar, si la junta del próximo viernes alcanza un quórum del 70 %.